¿El gobierno quiere acabar con los sótanos de la democracia o en realidad pretende dominarlos? La duda choca contra las palabras de Alberto Fernández, quien eligió exhibirse como un paladín en la lucha contra el tejido ilícito que desde hace décadas vincula a espías y jueces de nuestro país. Pero la duda es también hija de la historia: nadie como el kirchnerismo usó a ese tejido para garantizar impunidad mientras estuvo en el poder.
Seamos buenos un rato. El anuncio de un proyecto para licuar el poder de los jueces federales (made in Gustavo Beliz), es celebrado si se hace bien. Ya todos saben (y lo dijo Alberto) que los dueños de Comodoro Py usan sus expedientes como herramientas de prosperidad económica o para mantenerse en sus cargos. También se sabe que parte de ese juego es inseparable al rol que ha tenido la AFI (antes SIDE) con sus espías más o menos ocultos recorriendo juzgados y negociando acuerdos en favor del gobierno de turno. El anuncio de quitarle a los espías su fallido rol de auxiliares del poder judicial, también promete aplausos. Otra vez: si es que se hace bien.
El primer problema es el pasado. Para la política argentina, lo que se hizo antes no cuenta. Digamos que los dirigentes ejercitan la autoamnistía. Como si no tuvieran nada que ver. Como si fueran narradores de una tragedia de la que no participaron. Pero la historia en verdad existe, aunque se la quiera olvidar. Fue Alberto el que ayudó a Néstor Kirchner a nombrar a muchos de los jueces “amigos”. Fue Alberto el que se valió de la Justicia para resolver asuntos del pejota porteño o el que se valió de los espías para, dicen los sótanos, atacar la honra de un candidato opositor, Enrique Olivera, allá lejos en el tiempo.
El otro problema es del presente. El anuncio de quitarle poder a los jueces federales puede esconder tan solo una advertencia con fines de dominación. Muchos en el Gobierno (sobre todo en La Cámpora) creen que en los próximos meses se abrirán nuevas vacantes de Comodoro Py -algunas empujadas por los cambios en la jubilación del Poder Judicial- y que “más vale controlar a 12 que a 50 jueces”, como sería el caso si prospera la propuesta de pasarle a jueces de la ciudad el control de la gestión pública nacional. Aun si aceptamos como de buena fe el anuncio de Alberto, habrá que ver quién decide finalmente. Si él o Ella. En este tiempo, Cristina escucha más a los que quieren arreglar con los jueces (Juan Martín Mena, por caso) que a la ministra de la reforma, Marcela Losardo. No hay que olvidarse que para Cristina lo más urgente es el presente de sus causas judiciales. Todo lo demás es poco concreto y por lo tanto amenazante.
Los cambios en la AFI por ahora son más de maquillaje que otra cosa. Alberto anunció que el 90 por ciento de los fondos reservados de la AFI (unos 3500 millones de pesos) ahora son transparentes. Que avise dónde se encuentran esos números, porque hasta ahora no se los ve ni agitando la ligustrina. También se jactó de haber “intervenido” el organismo. En realidad, la AFI depende directamente del Presidente, por lo que no tiene sentido intervenirse a sí mismo, salvo para evitar el envío al Senado de los pliegos de la Señora Cinco (Cristina Caamaño) y su segundo. Lo que sí es auspicioso es que se aleje a los espías de las investigaciones criminales. Es mejor que al trabajo policial lo hagan las policías especializadas, con controles como corresponde. Pero ojo que no se puede hacer ese cambio por decreto, como dijo Alberto. La ley de Inteligencia es un disparate de la democracia, que autoriza a la AFI a investigar delitos sin hacer inteligencia interior (una contradicción absoluta), pero hay que reformarla con otra ley. Está a la vista, como sea, que Alberto quiere que la AFI tenga menos poder que el que tuvo en el pasado. Sobre todo, el poder que tuvo durante el kirchnerismo, ese fenómeno que se reescribe inmaculado.
Nota publicada en el Diario LA NACIÓN, el domingo 1 de marzo de 2020.
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-sotanos-democracia-nid2338650
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